Defienden la democracia como derecho humano

Édgar Velasco 

El Diccionario de la Lengua Española tiene cuatro acepciones para la palabra democracia: “Sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes; país cuya forma de gobierno es una democracia; forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones”. Pero la democracia va más allá de las páginas del diccionario. Quizás por eso la Procuraduría General de la Nación de Guatemala hizo una pregunta que planteó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la idea de que esta emita una opinión consultiva: ¿la democracia es un derecho humano y, por lo tanto, debe ser garantizada y promovida por los Estados? La pregunta hizo eco en el Laboratorio para el Estado de Derecho e Incidencia Pública del ITESO, que decidió sumarse a la solicitud guatemalteca a través de un recurso amicus curiae, que fue presentado ante el organismo internacional.

“Amicus curiae significa ‘amigo de la corte’. Se trata de una opinión por escrito en la que un actor ajeno al procedimiento, que no es la instancia tramitante, ofrece información que considera relevante para tomar en cuenta en la decisión de la corte”, explica Daniela Bonilla, egresada de la Licenciatura en Derecho y de la Maestría en Derechos Humanos y Paz, ambas por el ITESO. Ella y Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de la universidad, presentaron el recurso ante la CIDH. Bonilla detalla que lo que ha solicitado el Estado de Guatemala es que la corte realice una opinión consultiva, es decir, que se pronuncie sobre el tema que le ha sido planteado. En teoría, y sólo en teoría, los Estados que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre los que se encuentra México, deben seguir la interpretación que realice la corte, aun cuando no sea vinculante. 

La pregunta planteada por Guatemala dice: “¿Los Estados están obligados a garantizar y promover la democracia como un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como un medio para el desarrollo social, político, económico y el ejercicio efectivo de los derechos humanos, o bien, bajo ambos supuestos?”. Bonilla apunta que el planteamiento fue hecho en diciembre de 2024 y fue motivado por un escenario de erosión de la democracia en la región, por ejemplo, en Argentina, El Salvador, Venezuela, Nicaragua y, sí, México. “Si bien el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está pensado para defender la democracia, lo cierto es que hemos venido viendo retrocesos”, dice Bonilla.  

La también integrante del Laboratorio para el Estado de Derecho e Incidencia Pública comenta que el documento presentado ante la CIDH es una “reflexión teórica sobre cómo entender la democracia más allá de sólo el sistema participativo. La idea es mostrarla como algo más, como un sistema de garantías, de derechos”. Cambiar este enfoque, dice, no es sencillo. Por eso, tomaron como ejemplo el caso mexicano para mostrar qué pasa cuando se afecta ese sistema en cuatro rubros: el imperio de la ley, la división de poderes, la fiscalización de la administración pública y la protección de derechos y libertades fundamentales.  

En el caso del imperio de la ley, el documento revisa cómo se legisla en México y anota que “más allá de las carencias en el acceso a la justicia y la debilidad del imperio de la ley, la independencia judicial constituye uno de los déficits estructurales más acentuados en México”. En cuanto a los rubros de división de poderes y fiscalización de la administración pública, se evidencia cómo han ido desapareciendo los contrapesos del poder, así como los organismos autónomos; finalmente, en el rubro de derechos y libertades, se expone la creciente militarización del país, el aumento de la presencia de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de la prisión preventiva oficiosa. En todos los rubros, dice Daniela Bonilla, el documento busca “bajar la teoría a ejemplos concretos para evidenciar cómo la democracia tiene una interdependencia con otros derechos”. 

En este momento, la CIDH sigue recibiendo amicus curiae. Bonilla dice que también han enviado la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey y otras instancias académicas. Se tiene contemplado que la corte realice audiencias y que quienes han enviado amicus sean llamados a exponer sus argumentos. Una vez escuchados todos los argumentos, la instancia internacional delibera y emite una opinión con el objetivo de establecer estándares de lo que debería hacerse. “Los estándares son obligatorios para los Estados que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aunque en la práctica lo que sucede es que los Estados les dan la vuelta”, dice Daniela Bonilla. 

La elaboración y envío del amicus curiae es una de las primeras actividades que realiza el Laboratorio para el Estado de Derecho e Incidencia Pública del ITESO. La egresada dice que “hasta parece coincidencia” que el laboratorio comenzara a operar justo cuando la corte había abierto el periodo para recibir los amicus. “Es importante que el ITESO tenga este espacio y empezar con algo fuerte muestra el interés de la universidad por participar, por incidir, por hacer algo. El contexto lo necesita”, concluye Bonilla.